Por José Granados Fernández
@JoseGranadosF

La Contraloría y la Fiscalía General iniciaron una nueva línea investigativa conjunta sobre las actuaciones administrativas y financieras de la empresa Electricaribe: en esta ocasión revisan el cobro y manejo de los subsidios eléctricos que sumaron multimillonarias recursos públicos para atender a usuarios de los estratos 1 y 2 en la Región Caribe.

Atlántico en Noticias y ZonaCero.com conocieron, de fuentes oficiales de la Contraloría General de la República, que esta entidad le pidió a la Fiscalía conformar un grupo investigativo para ir “trabajando de manera inmediata” los hallazgos que van encontrando los auditores encargados de revisar lo que sucedió con los subsidios eléctricos.

“Por ser un trabajo complejo, debido a la información que hay que recabar y revisar, se decidió trabajar de inmediato y de manera unificada con la Fiscalía”, explicó una fuente de la Contraloría General.

En un informe de 2016, ZonaCero.com reveló que desde el 4 de agosto de 1998 cuando Electricaribe y Electrocosta asumieron el servicio de energía en la Costa, recibieron 9,7 billones de pesos por subsidios, contribuciones, recursos del Presupuesto Nacional y del Fondo de Solidaridad. Una de las empresas que manejó los subsidios fue la desaparecida Energía Social.

El 14 de marzo pasado, tras 4 meses de intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó liquidar Electricaribe al concluir que la empresa no tenía la capacidad para prestar un servicio confiable en la Región, de acuerdo con los requerimientos de sus 2,5 millones de usuarios.

Otra investigación

El de los subsidios no es la única línea investigativa abierta sobre las actuaciones de Electricaribe. En noviembre pasado, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció en Barranquilla que, tras recibir un informe auditor de la Contraloría General, llamarían a declarar a José García Sanleandro, exgerente de la empresa, y a Benjamín Payares, exgerente operativo, para que dieran explicaciones sobre los contratos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, FAER, en los que el Gobierno Nacional, entre 2008 y 2014, invirtió 445 mil millones de pesos en su intento por mejorar la infraestructura y el servicio eléctrico a 248 mil usuarios que viven en zonas tuguriales de la Región Caribe, objetivos que no se cumplieron en su totalidad por un manejo “ineficaz” de dichos proyectos.

El Fiscal General también anunció que en torno a las inversiones del PRONE y el FAER fueron citados a declarar, inicialmente, los exalcaldes de Chinú, Córdoba, Orlando Medina; de Magangué, Bolívar, Marcelo Torres, y de Dibulla, La Guajira, Silvia Ospino, quienes gobernaron entre 2012 y 2015.

De acuerdo con un listado de contratos conocido por Atlántico en Noticias y Zona Cero.com, en 2012 con recursos nacionales Electricaribe suscrito para Chinú un contrato de normalización eléctrica por 304 millones de pesos en el sector subnormal de Miraflores; para Magangué firmó en ese mismo año 8 contratos por cerca de 3.400 millones para los barrios no normalizados Maracaná, Nueva Colombia, Nueva Esperanza, Recreo, 2 de Noviembre, Girardot y Macondo; y para Dibulla en 2013 y 2014 dispuso de unos 1.300 millones de pesos para 4 contratos de electrificación en los barrios Jesús Olivella, Divino Niño – Palomino Rural, 19 de Enero y La Sierra.